sábado, 1 de noviembre de 2008

MEDIOS-CONTROL


El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) es el ente público sobre el que recae la autoridad reguladora independiente en el ámbito de la comunicación pública y privada de Cataluña.

El Consejo es independiente de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Las atribuciones que la ley otorga a este Consejo, que le capacita incluso para clausurar medios de comunicación privados, han sido muy controvertidas.

El Consejo, en el marco de las competencias de la Generalidad, vela por el respeto de los derechos y libertades que, en el ámbito de los medios de comunicación audiovisual de radiodifusión y televisión, son reconocidos en la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña.

Vela, asimismo, por el pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural en el conjunto del sistema audiovisual de Cataluña, vela por la neutralidad y honestidad informativas, y preserva el cumplimiento de las normas relativas al uso de la lengua catalana y el impulso del aranés.
Funciones y competencias.
  1. Normativa reguladora del audiovisual

  2. Protección de la infancia y la adolescencia

  3. Dignidad humana y principio de igualdad Justificar a ambos lados

  4. Publicidad

  5. Pluralismo

  6. Lengua y cultura catalanas

  7. Normativa de la Unión Europea y tratados internacionales

  8. Emisiones difundidas en Cataluña no sujetas a la autoridad de CAC

  9. Disposiciones relativas al sector audiovisual

  10. Adjudicación de concesiones para la gestión de emisoras

  11. Procedimientos

  12. Poder sancionador

  13. otras actividades

Está integrado por diez miembros, nueve de los cuales son elegidos por el Parlamento por una mayoría de dos tercios. El otro miembro, que es su presidente, es propuesto y nombrado por el Gobierno después de oír la opinión mayoritaria de los nueve miembros elegidos por el Parlamento

EL CAC ha recibido numerosas críticas desde el mismo momento de su aprobación, tanto desde medios políticos como de asociaciones profesionales de periodistas, al atribuirse, funciones exclusivas de los tribunales de justicia, como interpretar las leyes en relación a la libertad de expresión e incluso otorgarse la capacidad de clausurar medios de comunicación sin necesidad de orden judicial.

¿Puede el gobierno contolar de este modo los medios de comunicación? ¿no está manipulando la información que reciben los ciudadanos?

La verdadera información no debe ser controlada por los políticos, pues ésta deja de ser objetiva y se convierte en manipulación, al servicio de los intereses de la mayoría parlamentaria.




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